El presidente Enrique Peña Nieto promovió un acuerdo con empresarios y dirigentes laborales para proteger la economía familiar y fortalecer las finanzas del país, mismo que fue rechazado por la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).

Y es que la organización consideró que lejos de representar un acuerdo “fruto de un verdadero y amplio consenso social”, se trata más bien de una “estrategia de comunicación o imagen pública”.

“Urge un acuerdo sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública”, señaló la patronal en un documento; “dicho consenso no se puede construir en tres días”.
“Cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances”, agregó; “el momento exige que todos los actores, todos, asuman compromisos concretos”.

El acuerdo presentado por Peña Nieto contempla siete acciones específicas:

  1. Impulsar acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar abusos. De ser necesario se autorizarán importaciones de alimentos.

    Fortalecer el transporte público. Se buscará realizar acciones en 50 ciudades del país. Además, junto con Semarnat se pretende reconvertir unidades de transporte al gas para hacerlo más económico.

    3. Dar mayor acceso a los créditos de la banca de desarrollo. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, habló de 18 mil millones de pesos que se acercarían al sector productivo.

    4. El IMSS deberá expandir el servicio de guarderías y los demás servicios sociales que otorga

    5. Emprender medidas que fomenten la inclusión laboral de grupos vulnerables, para migrar de programas sociales a trabajo formal.

    6. Realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo han recibido y tengan ese derecho.

    7. Reforzar acciones en favor de la libre competencia.

Además plantea evitar incrementos en el precios de bienes y servicios, a fin de resguardar el bajo costo de los productos que integran la canasta básica.

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