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En el sur de Sinaloa, informar es delito. Cita Juzgado a periodistas de Mazatlán

Ser periodista en Mazatlán es cada vez más peligroso. Si incomodas con una pregunta al Alcalde Luis Guillermo Benítez enseguida te vendrá una escalada agresiva en redes sociales, cuando solicitas información pública al Ayuntamiento el primer enterado es el sujeto cuyos intereses se ven comprometidos. Y si das a conocer contenidos relacionados con la corrupción, corres el riesgo de ser llevado a los juzgados a ratificarla.

Como si el sur de Sinaloa no tuviera ya suficientes amenazas e intimidaciones al ejercicio periodístico, a  ocho reporteros y analistas de Mazatlán les llegó citatorio para presentarse a declarar ante el Juzgado Civil de Primera Instancia, a solicitud del Bufete Álvarez y Asociados que, siendo experto en leyes, desconoce el mandato del artículo séptimo constitucional que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.

Se trata del juicio sumario de responsabilidad civil que el despacho jurídico promueve en contra de Carlos de Jesús Escobar Sánchez, en el que se introdujeron trabajos periodísticos como pruebas de la parte demandante. El 14 de junio tendrán que asistir a ratificar sus contenidos los periodistas que realizaron las notas informativas.

Sorprende que un solo abogado pueda inducir elementos de inestabilidad a todo un gremio que avanza a duras penas en una región donde los políticos se han agregado como enemigos de los periodistas, por si acaso no bastara el acecho de intereses criminales sobre la actividad informativa. No hay exageración en el planteamiento de respeto absoluto a la libertad de expresión porque nadie está pidiendo un marco legal de excepción sino lo que se objeta es el abuso de los instrumentos del estado de derecho contra el periodismo.

Cada día avanzamos más hacia un esquema de garantías individuales invertidas. Los culpables de los crímenes en la calle y los periodistas y luchadores sociales desfilando hacia los tribunales porque es más delito denunciar los ilícitos que cometerlos. Vamos raudos hacia la entelequia de ciudadanos callados, por el miedo, y delincuentes empoderados, por la impunidad.

Lo que sucede en Mazatlán incita hacia el modelo de sociedad callada, soportando enmudecida a sus verdugos. Es una acción retrógrada sujetar a la prensa a procedimientos que no tendrían que suceder en el nuevo sistema de justicia penal. Al contrario, deberíamos empujar juntos al periodismo que se exprese sin pagar por ello consecuencias jurídicas, políticas, económicas o religiosas.

Aunque se trate de que los periodistas citados ratifiquen publicaciones que se realizaron en distintos medios, la decisión del juez de llamar a estos, emitida el 13 de mayo y que deriva del expediente 1012/2018, redunda en debilitar el escalón principal del andamiaje del derecho a la información. ¿Para qué llevar a los tribunales a quienes en cumplimiento de su trabajo ya informaron y además firmaron sus contenidos?

Ninguno de los ocho citados violó lo que establece el Sistema de Justicia Penal Adversarial porque están a salvo los derechos de quienes tienen a su favor la presunción de inocencia. Al transmitirle a la población la información acerca de hechos que la afectan, el reportero nunca busca imbuirse en el litigio que corresponde a las instancias jurisdiccionales. El periodismo informa, no juzga.

El derecho de los periodistas a expresarse es inatacable. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales protege a los medios de comunicación en el ejercicio de su profesión, mientras que en estados como Coahuila se establece como agravantes de todo proceso judicial los delitos en contra de la libertad o seguridad personal de periodistas, con penas de 16 a 40 años de prisión, sin derecho a fianza.

Cada juez debería valorar para qué le sirven los reporteros como parte indiciada en los procesos judiciales, pero antes los abogados defensores tendrían que evitar la arbitrariedad de llevar a testificar a los comunicadores cada vez que se les ocurra. Sobre todo en Mazatlán, donde bastantes actores políticos parecieran confabularse para presentar a los periodistas como enemigos públicos.

Qué empecinamiento, pues, en convertir la libertad de expresión en instrumento del delito.noroeste

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