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La ONU rechaza la decisión de Guatemala de finalizar el trabajo de la Cicig

El Secretario General “rechaza enérgicamente” la decisión del Gobierno de Guatemala de rescindir el Acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

António Guterres se reunió este martes con la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien le presentó una carta informando a las Naciones Unidas de la intención del Gobierno de rescindir el acuerdo en las siguientes 24 horas.

En un comunicado de su portavoz, Guterres explica que las Naciones Unidas han estado “intercambiando de manera constructiva con el Gobierno de Guatemala, a varios niveles, durante los últimos dieciséis meses”, conforme al artículo 12 del Acuerdo de creación de la CICIG.

El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. “Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo”, añade el comunicado.

El Secretario General además espera que el Gobierno de Guatemala “respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la CICIG” y reitera la “importante contribución de la CICIG a la lucha contra la impunidad en Guatemala”.

Fin del acuerdo

La postura del Gobierno de Guatemala la anunció la ministra de Exteriores, Sandra Jovel, en una rueda de prensa posterior a su reunión con Guterres.

Jovel dijo que el presidente Jimmy Morales tomó la decisión “de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la constitución”, así como “las facultades legales que le otorga el derecho internacional” por considerar que la ONU ha cometido una “violación grave” del acuerdo.

La canciller guatemalteca subrayó que su país lleva un año y medio “buscando un diálogo” con la ONU, sin haber obtenido “ninguna respuesta”.

Yilen Osorio

El encuentro entre Guterres y la ministra Guatemalteca tuvo lugar pocos días después de que un investigador de la Comisión, el colombiano Yilen Osorio, fuera retenido en las instalaciones del aeropuerto internacional La Aurora, de la capital, por más de 24 horas. Tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, se le permitió el ingreso este pasado domingo.

Durante la rueda de prensa diaria, el portavoz de la ONU se refirió a este incidente y recordó dijo que Guterres espera que el Gobierno de Guatemala otorgue toda la asistencia necesaria  a la CICIG para que puedan llevar a cabo sus funciones y actividades, “incluyendo la libertad de movimiento de su equipo por Guatemala”.

El colombiano es uno de los 11 investigadores de la CICIG a quienes el Gobierno no renovó la visa de cortesía, la acreditación diplomática y retiró la inmunidad en diciembre. Una resolución judicial dejó temporalmente sin efecto esa medida.

Guterres lamentó entonces esa decisión del ejecutivo  y la CICIG emitió un comunicado en el que aseguró que “la medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS (grupos criminales infiltrados), sea en las investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios”.

Iván Velasquez

El pasado mes de septiembre, el presidente Morales decidió prohibir la entrada al país al máximo responsable de la CICG, Iván Velásquez y anunció que no renovaría el mandato de la Comisión.

El Secretario General solicitó a Velásquez que continuara sus tareas desde el exterior de Guatemala hasta que se aclarase su situación e invitó al Gobierno guatemalteco a encontrar una solución dialogada al problema.

La CICIG se creó en el año 2007, en respuesta a la solicitud de asistencia que hizo el Gobierno de ese país.

Tiene como objetivo apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs): grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos alcanzados en Guatemala desde el final del conflicto armado interno, en la década de 1990.

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